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La transformación digital de la economía y de las organizaciones del trabajo está suponiendo una intensificación del poder de control empresarial de la actividad del trabajador, a fin de garantizar tanto la productividad (principio de rendimiento) como el cumplimiento del trabajador (principio de eficacia de la disciplina en la empresa). Los indudables beneficios que conlleva el nuevo poder tecnológico para los empresarios pueden chocar vivamente con los derechos de las personas trabajadoras tanto a la protección de sus datos como a su privacidad. Para hallar un justo equilibrio, la Unión Europea ha establecido una nueva regulación sobre protección de datos, que impacta fuertemente en el ámbito laboral (Reglamento UE 2016/679, en vigor desde 25 de mayo de 2018). Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ido decantando unos criterios precisos para establecer ese justo equilibrio entre el derecho a la protección de datos del trabajador y el derecho de la empresa a disponer de mecanismos más eficaces de control de la actividad laboral.

 

 

 

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